Cláusula suelo para las empresas

• La Audiencia Provincial de Toledo ha dictado sentencia firme contra una entidad bancaria declarando nula la cláusula suelo que una pyme tenía incluida en su hipoteca. Se trata de una sentencia pionera, ya que por primera vez se reconoce el derecho a reclamar las cantidades indebidamente cobradas a una persona jurídica. El Tribunal considera que «la cláusula es contraria al principio de buena fe que genera una legítima expectativa en el contrato entre las partes y que sirve para modelar el contenido del contrato, considerando que impera el principio de la buena fe frente a las cláusulas abusivas, sea o no consumidor» o persona física quien haya firmado el contrato...

La Audiencia Provincial de Toledo ha dictado sentencia firme contra una entidad bancaria declarando nula la cláusula suelo que una pyme tenía incluida en su hipoteca. Se trata de una sentencia pionera, ya que por primera vez se reconoce el derecho a reclamar las cantidades indebidamente cobradas a una persona jurídica.

El Tribunal considera que «la cláusula es contraria al principio de buena fe que genera una legítima expectativa en el contrato entre las partes y que sirve para modelar el contenido del contrato, considerando que impera el principio de la buena fe frente a las cláusulas abusivas, sea o no consumidor» o persona física quien haya firmado el contrato.

El despacho de abogados que ha llevado el caso explica que el hecho de tratarse de una persona jurídica, de una pyme en esta causa, no excluye que pueda defenderse a las empresas si bien las normas que protegen al consumidor se refieren a personas físicas que actúa con un propósito ajeno a su actividad profesional. No obstante, los abogados defensores subrayan que, al igual que las personas físicas, todas las pymes y autónomos pueden iniciar los trámites para reclamar la nulidad de las cláusulas abusivas de sus hipotecas y la devolución de las cantidades abonadas de manera indebida.

Fuente: Wolters Kluwers

No puede imponerse a una hija de 16 años un régimen de visitas con un progenitor con el que no desea relacionarse

Audiencia Provincial Pontevedra, Sentencia 19 Enero 2017

Ref. CJ 1223/2017

Audiencia Provincial Pontevedra, Sentencia 18/2017, 19 Ene. Recurso 784/2016

Se presenta por el padre demanda de modificación de medidas acordadas en la sentencia de divorcio de mutuo acuerdo, solicitando el cambio de custodia sobre su hija menor en su favor.

Dado que la hija vive en la actualidad en el domicilio paterno, la sentencia dictada en primera instancia acuerda el restablecimiento de forma progresiva de su guarda y custodia a la madre a través de un régimen de visitas amplio y flexible que permita reinstaurar la relación materno-filial. Por el contrario, la Audiencia Provincial acuerda atribuir al padre la custodia de la menor y establecer que el régimen de visitas con la madre será el pactado entre las partes hasta la mayoría de edad de la hija común.

Aunque inicialmente se estableció una custodia materna, la hija, de 16 años, vive desde hace tres años con su padre por estar muy a disgusto con su madre.

No es conveniente para el interés y beneficio de una adolescente de 16 años, próxima a los 17, establecer un concreto régimen de comunicaciones y estancias con sus progenitores. Y teniendo en cuenta el actual rechazo que siente hacia la figura materna y la mala relación existente entre ambas, puesta de manifiesto por ella misma, debe respetarse su voluntad y dejarse a su propio criterio la decisión de relacionarse con la progenitora no custodia.

Aunque sea necesario valorar el motivo de sus deseos, pudiendo inducirse que los mismos no son libres sino que pueden estar manipulados o inducidos, lo cierto es que imponerle coactivamente a una adolescente unos contactos no deseados no solo puede resultar de imposible ejecución en la práctica, sino que es contraproducente con vistas a mejorar la relación con el progenitor no custodio, llegando incluso a incrementar el rencor o el odio que siente hacia él por poder llegar a culpabilizarle del establecimiento de un contacto que no desea.

No se acredita que el comportamiento de la madre haya sido inadecuado, pero establecer un concreto régimen de comunicaciones con su hija puede agravar la actitud de rechazo que tiene hacia ella y perjudicar una posible relación materno-filial futura por imponer una convivencia no deseada por la menor. Y si ello es así con las visitas, no digamos un regreso a una custodia materna.

Los Tribunales no pueden constituir o preservar un vínculo afectivo y una relación paterno-materno-filial sólida con el fin de garantizar y hacer efectivo el derecho del menor a vivir, crecer y desarrollarse contando con la presencia de sus dos progenitores, sino que deben velar por proteger el superior interés del menor. Ello exige preservar su estabilidad emocional y, en definitiva, su salud psíquica, que podría resultar gravemente afectada y originar secuelas de carácter psicológico si se imponen al menor contactos no deseados con una persona que detesta, aunque ésta no tenga culpa de ello e, incluso, aunque sea su otro progenitor el responsable de la situación, tal y como apunta el equipo psicosocial.

Se presume que el nivel de madurez de la menor adolescente es la propia de su edad, con capacidad para tomar sus decisiones. Por ello, habiendo mostrado una aversión hacia su madre y habiendo manifestado que no desea tener relación alguna con ella, debe respetarse su decisión personal por formar parte de su dignidad personal y no imponerle contactos indeseados con la progenitora no custodia.

Fuente: http://consultorjuridico.wke.es

12. A partir del 1 de abril nueva regulación de las hipotecas sobre derechos de propiedad industrial e intelectual

Entra en vigor la nueva redacción de la normativa de hipotecas sobre derechos de propiedad industrial e intelectual.

- Se concretan y amplían los derechos susceptibles de ser hipotecados, como las patentes, topografías de productos semiconductores, marcas, nombres comerciales, diseños industriales, variedades vegetales y cualesquier otra modalidad típica. También los nombres de dominio en Internet, siempre que no puedan ser vendidos voluntariamente.

- Podrán hipotecar tanto el propietario del derecho como el licenciatario que pueda ceder su derecho a un tercero, y la hipoteca puede ser tanto sobre el derecho en sí como sobre la solicitud de concesión del derecho.

- No son susceptibles de hipoteca mobiliaria los derechos de propiedad intelectual registrables pero no registrados así como los derechos personalísimos tales como el llamado derecho moral de autor, los no enajenables y en general los que no sean susceptibles de apropiación individual.

- La garantía sobre la obra original no se extiende a las traducciones y adaptaciones; las revisiones, actualizaciones o anotaciones; los compendios, resúmenes o extractos; los arreglos musicales o cuales quiera transformaciones de la obra. Dichas transformaciones podrán ser objeto de otras tantas garantías separadas.

Referencias normativas:

- Los artículos 45 y 46 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre Hipoteca Mobiliaria y prenda sin desplazamiento de la posesión se han modificado con efectos desde el 1 de abril de 2017 por la disposición final primera de la nueva Ley de Patentes.

 

Fuente: El Derecho Wolters Kluwer.

11. A partir del 1 de abril entra en vigor la nueva Ley de Patentes y el Registro de Propiedad Industrial podrá mediar en los conflictos que surjan

La nueva Ley de Patentes, que fue aprobada y publicada en 2015 entra en vigor el 1 de abril de 2017. También se prevé que entre en vigor su Reglamento de desarrollo, actualmente en tramitación.

Su es equiparar la normativa española al ámbito internacional y fortalecer el sistema de patentes español. Sus principales novedades son:

- Modifica el sistema de concesión de patentes, estableciendo un único procedimiento con examen previo de novedad y actividad inventiva.

- Concesión rápida de patentes sólidas reduciendo de cargas administrativas acelerando los procedimientos. En el caso de los modelos de utilidad (que afectan a invenciones menores), se amplía su ámbito de protección a los productos químicos.

- Los solicitantes tendrán acceso a información relevante que les permitirá adoptar decisiones sobre la posibilidad de, por ejemplo, patentar en otros países, permitiendo así establecer una estrategia de internacionalización de su empresa.

- Se reduce en un 50% la tasa de solicitud, búsqueda de patentes y examen para determinados emprendedores y Pymes y bonificación para las Universidades.

- Se modifica el régimen de las invenciones laborales (las que se producen en el contexto de una relación profesional)

- Se simplifica la regulación de las denominadas licencias obligatorias, que son aquellas que, por razones de interés público, el titular de la patente debe dar en todo caso para evitar que una invención quede sin explotar.

- Se incluyen expresamente entre los títulos de protección los Certificados Complementarios de Protección, o CCP.

Además, a partir del 1 de abril de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial podrá desempeñar como institución mediadora y arbitral funciones para la solución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de Propiedad Industrial.

Referencias normativas:

- Nueva Ley de Patentes.

- El artículo segundo de la Ley sobre creación del Organismo autónomo "Registro de la Propiedad Industrial" ha sido modificado con efectos desde el 1 de abril de 2017 por la disposición final segunda de la nueva Ley de Patentes .

Fuente: El Derecho Wolters Kluwer.

Retroactividad de reclamación de alimentos para hijo

El Pleno del TS declara que el reembolso de los alimentos a favor de los hijos menores de edad será exigible desde el momento en que se interpone la demanda en la que se reclamen, siendo una excepción expresa a la retroactividad en materia de pensión alimenticia.

El artículo 148.1 CC, sobre alimentos entre parientes, establece que la obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitare para subsistir la persona que tenga derecho a percibirlos, pero no se abonarán sino desde la fecha en que se interponga la demanda; y es criterio jurisprudencial el de su aplicación a los hijos menores de edad en situaciones de crisis del matrimonio o de la pareja no casada, de modo que, en caso de reclamación judicial, dichos alimentos deben prestarse por el progenitor deudor desde el momento de la interposición de la demanda.

Así, el legislador, con la norma del artículo 148.1 in fine CC, ha querido proteger al deudor de alimentos frente al acreedor de los mismos, denegando a éste acción para exigir los alimentos correspondientes al periodo mediante entre la fecha en que se produjo el supuesto de hecho generador de la obligación, y la fecha en que se interpuso la demanda, comportaría una contradicción valorativa palmaria que tal protección legal decayera a favor de quien prestó aquellos alimentos en lugar del deudor, y viene luego a reclamar a éste que le reembolse su importe. Por tanto, ninguna petición de reembolso cabe de cantidades cuyo pago no puede ser exigible.

Además, en los alimentos a los hijos menores, pueden solicitarse los anteriores a la reclamación judicial o extrajudicial, hasta un periodo máximo de un año, si la reclamación no se hizo por una causa imputable a la persona obligada a prestarlos.

Y en el presente caso, si la parte actora lo hubiese tenido por oportuno, podría haber acumulado la acción de filiación que ejercitó con la acción de reclamación de alimentos, pues el artículo 768.2 LEC dispone que reclamada judicialmente la filiación, el tribunal podrá acordar alimentos provisionales a cargo del demandado. Por otra parte no consta en autos la razón por la cual la recurrente no ejercitó la acción de reclamación de paternidad hasta el año 2007, habiendo nacido el hijo 6 años antes.

STS Sala 1 Pleno de 30 septiembre 2016. EDJ 2016/163345​

Redactado por Redacción Espacio Asesoría // 3 de Noviembre de 2016

El Derecho Francis Lefebvre

10. A partir del 1 de enero los poderes apud acta deben inscribirse en su archivo electrónico

Se trata de los poderes que quien sea parte en un procedimiento judicial y necesite que lo represente un procurador tiene que otorgarle.

El poder en el que se otorga la representación al procurador tiene que estar autorizado por un Notario o bien ser conferido apud acta, es decir, compareciendo personalmente ante el secretario judicial de cualquier oficina judicial o por comparecencia electrónica en la correspondiente sede judicial.

Los archivos electrónicos de apoderamientos apud acta entran en vigor el 1 de enero de 2017.

En esos archivos deberán inscribirse los apoderamientos apud acta otorgados presencial o electrónicamente. La consulta a dicho archivo permitirá comprobar válidamente la representación que ostentan quienes actúen ante la Administración de Justicia en nombre de un tercero. El apoderamiento podrá acreditarse mediante la certificación de su inscripción en dicho archivo.

Los apoderamientos inscritos tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al apoderamiento tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción.

Referencias normativas:

- Artículo 32 bis de la Ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia introducido por el apartado dos de la disposición final séptima de la Ley 42/2015, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

- Número 3 del artículo 40 de la Ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justiciaintroducido por el apartado cuatro de la disposición final séptima de la Ley 42/2015, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Fuente: El Derecho Wolters Kluwer.

9. A partir del 1 de enero se encarece el Impuesto sobre Sociedades que tienen que pagar algunas empresas

No es que se modifique el porcentaje de tributación sobre el beneficio de las empresas, que se mantiene en el 25% previsto para 2017, pero se limitan las deducciones aplicables en este impuesto y las posibilidades de compensar las pérdidas fiscales de años anteriores para las grandes empresas.

Referencias normativas:

- Diversos preceptos de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades se han modificado, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2017, por el R.D.-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social .

Fuente: El Derecho Wolters Kluwer.

8. A partir del 1 de enero los autónomos podrán tributar en módulos igual que en 2016, pero habrá que pensar en el 2018

Para acogerse a este sistema de tributación en el IRPF y en el IVA, que supone pagar unas cantidades fijas en función de determinados parámetros o módulos (número de trabajadores empleados, energía eléctrica contratada, metros cuadrados del local, etc.) en lugar de pagar en el IRPF por el beneficio real obtenido o ingresar el IVA por las cantidades realmente repercutidas, es necesario, además de estar incluidos en la lista de actividades que pueden aplicarlo, no superar determinado volumen de ingresos en el año anterior ni determinado volumen de compras en el año anterior. Si se superan esos límites se produce la exclusión de este sistema de tributación.

La reforma fiscal de 2015 perseguía reducir el número de autónomos que tributan en módulos, bajando significativamente esos límites de ingresos y compras, pero esa reducción quedó postergada tras la aprobación de los presupuestos generales de 2016 hasta 2018.

De modo que, los requisitos para poder tributar en módulos en 2017, con la regulación día de hoy, serían:

- El volumen de compras en 2016, sin incluir inversiones, no puede superar los 250.000 euros. Si en 2018 entra finalmente en vigor la modificación establecida por la Reforma Fiscal el límite bajará a 150.000 euros anuales. En el caso de obras o servicios subcontratados, el importe de los mismos se tiene en cuenta para el cálculo de este límite.

- El volumen de ingresos en 2016 no puede superar los 250.000 euros. Si en 2018 entra finalmente en vigor la modificación establecida por la Reforma Fiscal el límite bajará a 150.000 euros anuales y a 200.000 en el caso de actividades agrícolas, forestales y ganaderas.

- Exclusión por facturación a empresas y profesionales: No pueden tributar en módulos en 2017 aquellos autónomos obligados a expedir facturas a clientes que sean empresas y profesionales, si en 2016 han tenido rendimientos por estas operaciones sujetas a facturación superiores a 125.000. Si en 2018 entra finalmente en vigor la modificación establecida por la Reforma Fiscal el límite bajará a 75.000 euros anuales.

Habrá, por tanto, que estar pendientes de estos nuevos límites de ingresos, compras y facturación en 2017 para saber si se podrá seguir tributando por este sistema en 2018.

En cuanto a las cantidades que hay que pagar en módulos en 2017, se mantienen las mismas que las de 2016.

Referencias normativas:

- Disposición transitoria trigésima segunda de la Ley del IRPF "Límites para la aplicación del método de estimación objetiva en los ejercicios 2016 y 2017"

- Orden Ministerial por la que se desarrollan para el año 2017 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido

Fuente: El Derecho Wolters Kluwer.

7. A partir del 1 de enero el valor catastral de los inmuebles subirá en 1900 municipios

La subida del valor catastral de los inmuebles tiene efectos directos sobre determinados impuestos que los propietarios tienen que pagar, fundamentalmente el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), que se liquida anualmente, y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVITNU), que se paga al vender el inmueble. Ambos son tributos locales, es decir, los cobran los Ayuntamientos, y es una partida importante dentro de sus presupuestos.

El Gobierno fija los coeficientes con los que se puede actualizar el catastro. Autoriza a los Ayuntamientos que lo soliciten a ajustar los porcentajes que pueden aplicar para subir o bajar los valores catastrales para actualizar el valor de los inmuebles a los del mercado. Si esta revisión supone una subida o una bajada dependerá del año en el que el municipio en concreto haya aprobado una ponencia de valor general, es decir, una revisión total del catastro. Como consecuencia, a partir del 1 de enero de 2017 en casi 1.900 municipios subirá el valor oficial de los inmuebles. En otros 550, aproximadamente, bajará.

Referencias normativas:

- El artículo 7 del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social fija para 2017 los coeficientes de actualización de valores catastrales del artículo 32.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario

Fuente: El Derecho Wolters Kluwer.

6. A partir del 1 de enero el Salario Mínimo Interprofesional se incrementa un 8%

El salario mínimo interprofesional (SMI) fija la cuantía retributiva mínima que percibirá el trabajador referida a la jornada legal de trabajo, sin distinción de sexo u edad de los trabajadores, sean fijos, eventuales o temporeros.

El valor que toma el SMI se fija cada año por el Gobierno, mediante la publicación de un Real Decreto. Y para la determinación del mismo se tienen en cuenta factores como el IPC, la productividad media nacional alcanzada o el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional.

Para el año 2017 el Ministerio de Empleo y Seguridad Social fijó el Salario Mínimo Interprofesional en los siguientes valores:

Salario Mínimo diario: 23,59€

Salario Mínimo mensual: 707,70€

Salario Mínimo anual: 9.906,40€ (14 pagas)

Estos valores representan un incremento del 8% respecto al pasado año 2016.

Referencias normativas:

- La Disposición Adicional Única del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social fija para 2017 un incremento del Salario Mínimo Interprofesional del 8 %

Fuente: El Derecho Wolters Kluwer.

5. A partir del 1 de enero se abre la puerta a los autónomos a tiempo parcial

Hasta el momento no tenemos una regulación de los trabajadores autónomos a tiempo parcial, únicamente se regulan sus cotizaciones cuando se encuentran en situación de pluriactividad, es decir, cuando compatibilizan un trabajo por cuenta ajena con su actividad como autónomos.

A partir del 1 de enero el Estatuto del trabajo autónomo introduce este reconocimiento, estableciendo que:

- La actividad autónoma o por cuenta propia podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial.

- Los trabajadores por cuenta propia que ejerzan su actividad a tiempo parcial estarán incluidos en el Régimen de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos.

- La Ley podrá establecer un sistema de cotización a tiempo parcial para los trabajadores autónomos, para determinadas actividades o colectivos y durante determinados periodos de su vida laboral. En su defecto, se aplicarán las normas aplicables a los trabajadores contratados a tiempo parcial.

Referencias normativas:

- El número 1 del artículo 1 de la Ley del Estatuto del trabajo autónomo ha sido modificado por el apartado 1 de la disposición final décima del Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.

- El artículo 24 de la Ley del Estatuto del trabajo autónomo ha sido modificado por el apartado 2 de la disposición final décima de Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.

- El artículo 25 de la Ley del Estatuto del trabajo autónomo ha sido modificado por el apartado 3 de la disposición final décima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.

Fuente: El Derecho Wolters Kluwer.

4. A partir del 1 de enero los comercios podrán gestionar la devolución del IVA a viajeros electrónicamente

Se trata del sistema DIVA implantado por la Agencia Tributaria. A través del mismo se digitaliza el sellado de las facturas para la devolución del IVA de viajeros, sellado digital que tiene plena validez jurídica. El sistema DIVA tiene, por el momento, carácter voluntario.

Para el viajero tiene la ventaja de que agiliza el procedimiento de devolución y para el comerciante puede suponer un valor añadido que ofrecer a sus clientes y da mayor seguridad y trazabilidad en todo el proceso, puesto que sus documentos de reembolso de IVA están disponibles directamente en el sistema de la Administración. A las Aduanas les permite hacer una mejor gestión de los riesgos, de tal manera que se favorezca el uso lícito de esta ventaja fiscal.

El sistema DIVA se basa en que las tiendas, directamente o a través de las empresas de tax free, envíen a la Agencia Tributaria las facturas correspondientes a las ventas tax free que realizan (documento electrónico de reembolso).

El envío de esta información por parte de las tiendas puede efectuarse de dos formas:

- Un servicio web para envíos masivos de información (apropiado para un perfil de grandes cadenas de distribución y tiendas que usen los servicios de operadores de tax free).

- Un formulario web en la página de la Agencia Tributaria (especialmente diseñado para PYMES).

En el momento de abandonar el territorio de la Unión Europea por un puerto o aeropuerto español, el viajero se presenta en el punto de sellado de IVA con la factura digital que estará identificada como DIVA y con los bienes adquiridos, para su sellado digital. En todos los puntos de sellado de IVA (aduanas de puertos y aeropuertos españoles de salida de viajeros con destino a terceros países), habrá tecnología que permitirá el sellado automatizado de los documentos electrónicos de reembolso de tal manera que únicamente cuando, con arreglo al sistema de análisis de riesgo, sea preciso el control, se efectuará una intervención manual de la aduana.

Referencias normativas:

- La Letra B) del apartado 2.º del número 1 del artículo 9 "Entregas en régimen de viajeros" del Reglamento del IVA (Real Decreto 1624/1992) se modifica con efectos 1 de enero de 2017 por el apartado uno del artículo primero del R.D. 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Fuente: El Derecho Wolters Kluwer.

3. A partir del 1 de enero habrá menos posibilidades de aplazar o fraccionar los pagos a Hacienda

Esta ha sido una de las medidas fiscales más controvertidas de final de año, ya que afecta a muchos empresarios y profesionales que tienen problemas de liquidez en estas fechas, y para solucionarlas recurrían a aplazar el pago de sus deudas tributarias.

A partir del 1 de enero no se aceptarán las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de las siguientes deudas:

- Las correspondientes a obligaciones del retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta, sin excepciones. Es decir, las retenciones e ingresos a cuenta practicados por un empresario o profesional.

- Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas. Es decir, el pago del IVA no se podrá aplazar salvo que pueda acreditarse que no ha sido cobrado.

- Los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

- Las que resulten de haber perdido un recurso o reclamación (en vía económico-administrativa o contencioso-administrativa) si durante la tramitación del proceso se suspendió la ejecución, es decir, el cobro.

Esas solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento no serán admitidas.

Los aplazamientos o fraccionamientos cuyos procedimientos se hayan iniciado antes del 1 de enero de 2017 se regirán por la normativa anterior a dicha fecha hasta su conclusión.

Además, las deudas que no son aplazables, tampoco podrán pagarse en especie.

Referencias normativas:

- Deudas no aplazables: El número 2 del artículo 65 de la Ley General Tributaria ha sido modificado con efectos 1 de enero de 2017 por el apartado dos del artículo 6 del R.D.-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social.

- Deudas que no pueden pagarse en especie: El número 2 del artículo 60 de la Ley General Tributaria ha sido modificado con efectos 1 de enero por el apartado uno del artículo 6 de R.D.-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social.

Fuente: El Derecho Wolters Kluwer.

2. A partir del 1 de enero habrá que enviar antes las facturas

El plazo para remitir las facturas a los clientes que sean empresarios o profesionales se "acorta" con el nuevo año. A partir del 1 de enero hay que enviárselas antes del día 16 del mes siguiente a la fecha en que se haya devengado el IVA de las operaciones facturadas.

Hasta el 31 de diciembre de 2016 se establecía el plazo de un mes para enviar la factura al cliente desde la fecha de su expedición, que debía ser antes del día 16 del mes siguiente a la fecha de devengo del IVA de la operación.

Es decir, hasta el 31 de diciembre:

- Había un plazo para expedir o "hacer" la factura, que iba desde que se devengaba el IVA de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, y que era hasta el día 16 del mes siguiente a esa fecha.

- Había otro plazo de un mes desde que se expedía la factura para remitirla al cliente.

A partir del 1 de enero, las facturas tienen que ser expedidas y remitidas al cliente antes del día 16 del mes siguiente a la fecha en que devengue el IVA de esas operaciones (que es, con carácter general, cuando se consideran entregados los bienes o prestados los servicios objeto de facturación).

Referencias normativas:

- El artículo 18 "Plazo para la remisión de las facturas" del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (RD 1619/2012) ha sido modificado con efectos desde el 1 de enero de 2017 por el apartado dos del artículo tercero del RD 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido .

Fuente: El Derecho Wolters Kluwer.

1. Los que sean padres a partir del 1 de enero podrán disfrutar de más días de permiso

El permiso por paternidad se amplía de trece días ininterrumpidos (ampliables en los supuestos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo) a cuatro semanas ininterrumpidas (ampliables en idénticos supuestos en dos días más por cada hijo a partir del segundo).

Aplicable tanto a los trabajadores por cuenta ajena, a los que se les aplica el Estatuto de los Trabajadores como a los empleados públicos, que hasta ahora disfrutaban de quince días.

Referencias normativas:

Esta ampliación de la duración de la suspensión del contrato de trabajo por paternidad estaba regulada desde el año 2009, pero su aplicación, inicialmente prevista para 2011, se ha ido posponiendo hasta el 1 de enero de 2017:

La Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida la estableció:

- En su artículo 1, modificando el artículo 48 bis del entonces vigente Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995). Actualmente regulado en el artículo 48.7 del Estatuto de los Trabajadores vigente (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre).

La Disposición transitoria séptima del Estatuto de los Trabajadores (RDLeg 2/2015) condicionaba la nueva duración del permiso establecida en su artículo 48.7 a la entrada en vigor de la Ley 9/2009.

- En su artículo 2 , modificando la letra a) del artículo 30.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

La entrada en vigor de la Ley 9/2009 se fija el 1 de enero de 2017 por medio de la nueva redacción que de su disposición final segunda lleva a cabo la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 (disposición final undécima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016).

Fuente: El Derecho Wolters Kluwer.